Diversos analistas y dirigentes de la oposición han cuestionado en los últimos meses si existe una estrategia global detrás de varias decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar su permanencia en el poder. Entre los asuntos más citados destacan el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, la ley de amnistía, la ley de memoria democrática (conocida como ley de nietos) y los pactos con socios parlamentarios.

Críticos como Alberto Núñez Feijóo y tertulianos conservadores sostienen que medidas como la aplicación de la ley de nietos o la amnistía podrían tener implicaciones en el censo electoral o en la normalización con Cataluña. El Ejecutivo defiende que se trata de respuestas a realidades políticas cambiantes y que todas las actuaciones respetan el marco legal.

Otro foco de controversia ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyas encuestas son habitual objeto de debate sobre su metodología y posible sesgo, algo que el organismo rechaza defendiendo su independencia técnica.

En este contexto, algunas voces han relacionado también la relación con Marruecos y el Mundial 2030 con la necesidad de estabilidad, aunque sin pruebas concluyentes de una estrategia coordinada. Sánchez ha negado en varias ocasiones que sus decisiones respondan a cálculos partidistas.

El debate refleja la alta polarización política en España y plantea interrogantes sobre la confianza en las instituciones y el equilibrio entre pragmatismo parlamentario y coherencia programática de cara a futuras convocatorias electorales.