La jueza que instruye la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha abierto la puerta a un acuerdo de conformidad por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Según el auto, el objetivo es evitar la citación innecesaria de testigos y peritos si las partes alcanzan un pacto con la Fiscalía.

González Amador está acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros. La posibilidad de un acuerdo implicaría reconocer los hechos y obtener una rebaja de pena, aunque también podría tener un coste político para Ayuso, quien ha defendido públicamente a su pareja y ha denunciado una supuesta persecución.

En tertulias y análisis políticos se debate el impacto electoral de este caso de cara a las autonómicas madrileñas. Mientras algunos consideran que el desgaste en el electorado de derechas es limitado, otros advierten que un eventual reconocimiento de culpabilidad podría complicar la posición de la presidenta.

Ayuso ha mantenido una estrategia de confrontación, comparando la situación con otros casos y alertando de una “deriva autoritaria”. Paralelamente, se menciona otra pieza separada de la causa que podría complicar la situación judicial de González Amador.

El caso continúa abierto y mantiene la atención mediática y política sobre la líder del PP en Madrid, en un momento en el que su imagen y la gestión de su partido siguen siendo objeto de intenso escrutinio.