La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia considera que cooperó en la creación y modificación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que se adaptó a su perfil profesional.

Los jueces absuelven a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, al no encontrar pruebas suficientes de presiones políticas directas. La condena se centra principalmente en la modificación del nombre del puesto en 2022, de coordinador de conservatorios a jefe de artes escénicas, sin volver a convocar el proceso público.

La defensa recurrirá la sentencia, argumentando que se basa en indicios y que el proceso se inició años después de la adjudicación del puesto. Recuerdan que en 2016, cuando se creó la plaza, Pedro Sánchez no ocupaba cargos relevantes en el PSOE ni era presidente del Gobierno.

El caso ha generado un intenso debate político y mediático. Algunos analistas ven en la sentencia contradicciones y un posible uso político de la justicia, mientras otros defienden que se trata de un procedimiento normal por irregularidades administrativas.

La resolución mantiene abierta la polémica sobre la supuesta judicialización de la política y el trato a familiares de altos cargos, en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y parte del Poder Judicial. El recurso ante instancias superiores determinará el alcance final de la condena.