Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha lanzado un claro ultimátum al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En rueda de prensa, ha exigido que en agosto esté aprobada la reforma de la ley del Registro Horario de los Trabajadores, advirtiendo de que, de lo contrario, “habrá consecuencias”. El líder sindical ha vinculado el cumplimiento de los acuerdos con posibles medidas de presión, sin detallarlas explícitamente.

La reforma se encuentra bloqueada por discrepancias entre los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. UGT reclama que se cumplan los compromisos adquiridos y ha insistido en que el Gobierno debe dar constancia explícita de que los pactos se respetan. Esta presión sindical se produce en un momento de tensiones internas dentro de la coalición de gobierno.

Los sindicatos han mantenido una relación fluida con el Ejecutivo en los últimos años, sin convocar grandes movilizaciones pese a diversos escándalos. Álvarez ha recordado que el incumplimiento de acuerdos tendrá repercusiones, aunque ha evitado hablar directamente de huelga nacional. La advertencia ha generado debate sobre la influencia de las organizaciones sindicales en las decisiones políticas.

Desde el Gobierno, no ha habido una respuesta inmediata a este ultimátum. Fuentes cercanas al PSOE reconocen la importancia de mantener el diálogo social, especialmente en materia laboral. La reforma del registro horario busca mejorar el control de la jornada de trabajo, una reivindicación histórica de los sindicatos.

Este enfrentamiento pone de manifiesto las complejas relaciones entre el Ejecutivo y sus aliados tradicionales. Queda por ver si Pedro Sánchez cederá a la presión para aprobar la medida antes del verano o si el bloqueo se prolonga. El desenlace podría tener implicaciones tanto en la estabilidad del Gobierno como en la unidad de la izquierda.