La Junta Electoral Central frena la reforma de la Ley de Nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar ilegales algunos cambios que ampliaban el censo electoral. La decisión llega tras los recursos del PP y Vox, que acusan al Ejecutivo de intentar facilitar la nacionalidad con fines electorales.
Cinco miembros de la Junta calificaron la medida de «ilegal» y advirtieron de un aumento «formidable e irreversible» del censo. Mientras el PP celebra el fallo, el PSOE defiende la reforma como una medida para facilitar la integración y responder a las necesidades demográficas del país.
Ahora será el Tribunal Constitucional quien podría decidir el futuro de la reforma, en un nuevo capítulo de la confrontación política sobre ciudadanía y sistema electoral en España.
