Las pesquisas judiciales en torno a supuestas actividades irregulares vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han revelado un extenso entramado con ramificaciones en al menos una decena de países. Según fuentes judiciales y fiscales consultadas, las diligencias —que incluyen colaboraciones con fiscalías extranjeras— apuntan a posibles operaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negocios opacos en sectores como petróleo, minería y finanzas. Zapatero, que siempre ha negado cualquier irregularidad, no está formalmente imputado en España, pero su nombre aparece en varios informes como facilitador o interlocutor.

El epicentro de la investigación en territorio español se sitúa en el despacho del expresidente en Ferraz 35, en Madrid, desde donde supuestamente se coordinaban contactos internacionales. Uno de los primeros casos que conectan con su entorno es el de la aerolínea Plus Ultra, cuya supervivencia durante la pandemia ha sido objeto de escrutinio. Las pesquisas se extienden a Venezuela, donde se investigan negocios relacionados con petróleo, oro, níquel, criptomonedas y divisas; a China, con supuestos lobbies para facilitar contratos de empresas como Huawei; y a Emiratos Árabes Unidos, con la firma Ansait, descrita por investigadores como posible vehículo de lavado financiero con base en Dubái.

En Europa, Suiza ocupa un lugar central: la Fiscalía helvética indaga supuestos centros financieros y cuentas corrientes que habrían estructurado la trama. Francia y Reino Unido también figuran, con colaboradores que supuestamente sirvieron de puente para créditos y expansión de actividades. En paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas aparecen sociedades instrumentales, mientras que en Países Bajos se sigue la pista de un supuesto “cerebro” financiero. Las ramificaciones llegan a Latinoamérica: Colombia, Perú —con los hermanos Bacarbulu en operaciones vinculadas a Bolivia— y México completan el mapa de una red que, según los investigadores, requeriría una estructura amplia y costosa, financiada mediante operaciones internacionales.

Estas revelaciones forman parte de diligencias en curso, muchas de ellas bajo secreto de sumario, y se nutren de cooperaciones internacionales. Fuentes próximas al expresidente insisten en que se trata de interpretaciones sesgadas de actividades legítimas de consultoría y diplomacia privada, habituales tras dejar el cargo. Sin embargo, los jueces y fiscales destacan la complejidad y el alcance geográfico de la supuesta organización, que implicaría un alto volumen de negocio para sostenerla.

El caso, que sigue abierto y sin condenas firmes, vuelve a poner el foco en las actividades de los expresidentes españoles y los límites entre la acción política, los negocios privados y las influencias. ¿Hasta qué punto las conexiones internacionales de un exlíder pueden considerarse tráfico de influencias? La respuesta judicial, que podría alargarse meses o años dada la dimensión transnacional, determinará el alcance real de esta maraña. Mientras, la opinión pública asiste a un nuevo capítulo de controversia que polariza aún más el debate sobre la ética en la política española.