La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado una supuesta coacción desde la cúpula del Ministerio del Interior para boicotear los actos oficiales del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Según los mensajes revelados, el teniente general Luis del Castillo habría presionado al general Fernando Mora para que no asistiera a los eventos, lo que generó rechazo interno y amenazas de pasar a la reserva por “deslealtad”.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado el episodio como un nuevo ataque del Gobierno central contra Madrid, denunciando el uso partidista de las instituciones del Estado. Diputados del PP, como Ana Vázquez, han exigido la dimisión inmediata del ministro Fernando Grande-Marlaska, al que acusan de convertir la Guardia Civil en “brazo político” al servicio de Moncloa.

El escándalo coincide con la imputación de altos mandos como el director adjunto operativo Manuel Llamas y la directora general Mercedes González por presunta obstrucción a la justicia. Llamas habría confesado presiones directas de Marlaska y González para limitar las investigaciones de la UCO sobre el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez, incluyendo correos de Begoña Gómez y el hermano del jefe del Ejecutivo.

Estas revelaciones han intensificado las críticas a la gestión del Ministerio del Interior y plantean dudas sobre la independencia de las fuerzas de seguridad. Mientras el Gobierno guarda silencio, la oposición considera intolerable la continuidad de Marlaska al frente de la cartera. El caso amenaza con agravar la crisis institucional en España.