El policía jubilado Rafael Salvador compareció este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y reconoció haberse reunido hasta en cuatro ocasiones con Leire Díez, figura vinculada al PSOE conocida como operadora de Ferraz. Según su testimonio, Díez se presentó asegurando actuar por encargo directo de las más altas instancias del poder, en referencia al presidente Pedro Sánchez. Esta declaración ha intensificado el escrutinio sobre el denominado caso Leire, en el que se investigan presuntas presiones e intentos de recabar información comprometedora contra magistrados. El testigo enmarcó inicialmente los encuentros en la escritura de un libro, aunque reconoció presiones para obtener datos sobre la jueza Mercedes Alaya, histórica instructora de casos de corrupción en Andalucía.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en los métodos utilizados para recabar “trapos sucios” contra la magistrada Alaya, considerada por algunos un azote judicial de la corrupción. Salvador detalló que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset insistieron en preguntarle qué quería a cambio de colaborar. Los agentes han interceptado mensajes de texto en los que, tras el primer encuentro, la operadora socialista escribía al expresidente de la Comisión de Investigación Parlamentaria Vicente Fernández: “Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien. Volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe”. Estas comunicaciones han sido interpretadas como parte de una supuesta campaña coordinada contra jueces incómodos.

Las grabaciones disponibles, algunas realizadas por la propia Leire Díez según los informes policiales, recogen cómo la operadora solicitaba “munición pesada” contra la magistrada. “¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos”, se escucha en los audios incorporados a la causa. Antes de una segunda reunión, Díez habría presumido de que la información obtenida había llegado a “posiciones elevadas” capaces de tomar medidas. Estos elementos sitúan la investigación en un terreno delicado, con posibles implicaciones sobre la separación de poderes y el funcionamiento interno de las instituciones.

El caso Leire se enmarca en un panorama más amplio de causas que afectan al PSOE y al Ejecutivo. Se suma a testimonios previos como el del empresario Joaquín Parra y a las pesquisas sobre tramas de financiación irregular que involucran a figuras como José Luis Ávalos, Santos Cerdán o incluso ramificaciones históricas con José Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras la oposición exige explicaciones y dimisiones desde Moncloa, fuentes gubernamentales suelen minimizar estas revelaciones como intentos de desestabilización política. La Audiencia Nacional deberá ahora valorar el alcance de estas declaraciones y su conexión con posibles delitos.

¿Hasta dónde llega la presunta red de influencias y presiones descrita en los informes de la UCO? La continuidad de las investigaciones, con posibles nuevas comparecencias y análisis de pruebas, determinará si se trata de actuaciones aisladas o de un patrón sistemático. En un año marcado por sucesivos escándalos judiciales que salpican a varios partidos, la comparecencia de Rafael Salvador añade presión sobre el Gobierno para ofrecer respuestas transparentes. La Justicia sigue su curso y, como en otros frentes abiertos, serán los tribunales quienes establezcan responsabilidades. La ciudadanía observa con atención si estas causas contribuirán a fortalecer o a erosionar la confianza en las instituciones democráticas.