La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que la Diputación de Badajoz creó a su medida un puesto relacionado con artes escénicas y ópera, vulnerando los principios de mérito y capacidad. La sentencia de primera instancia ha puesto el foco en las irregularidades detectadas en el proceso de contratación.

Durante el juicio, el propio David Sánchez reconoció no saber con precisión la ubicación física de la oficina que dirigía, a pesar de cobrar por ello con fondos públicos. Según recoge la resolución, respondió de forma vaga cuando se le preguntó por su despacho, lo que sorprendió a la sala. Los magistrados también han destacado un correo interno con el asunto “El Hermanísimo”, apodo con el que era conocido en la institución, enviado el mismo día de la convocatoria del puesto.

El tribunal ha constatado que el cargo fue adaptado específicamente a sus inquietudes operísticas. No se exigía título de profesor de música en las bases y el proceso se limitó a una entrevista en el despacho de una diputada provincial, sin tribunal de selección. Además, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha recibido igualmente dos condenas de nueve años de inhabilitación en la misma causa.

Aunque se ha absuelto a los acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas concluyentes sobre quién ejerció la presión, la sentencia subraya las irregularidades administrativas cometidas. El fallo deja en evidencia un caso de presunto favoritismo que ha generado un fuerte impacto político.

Este pronunciamiento judicial reabre el debate sobre nepotismo en las administraciones públicas y sus consecuencias para la imagen de las instituciones. Mientras el entorno de Pedro Sánchez confía en la apelación, la oposición exige responsabilidades políticas. La condena a nueve años de inhabilitación marca un precedente significativo en un caso que sigue generando controversia en España.