Incendios en Ávila: vecinos acusan a la UME de no actuar y el Gobierno insiste en el cambio climático

Los vecinos de varios municipios del valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, han denunciado que las unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros efectivos de extinción reciben órdenes de no intervenir hasta que el fuego alcance las viviendas, mientras las llamas arrasan montes y campos. En pleno avance de los incendios, los habitantes locales se han organizado para abrir cortafuegos y proteger sus pueblos ante lo que consideran un abandono de los servicios oficiales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido la emergencia a la crisis climática y ha pedido a la ciudadanía que se informe únicamente a través de canales oficiales, mientras desde la oposición y los afectados se critica la falta de prevención y la instrumentalización política de la catástrofe.

En localidades como Piedralaves, el alcalde, Germán Ulloa, ha descrito una noche “parecida al infierno”, con focos que rodearon el casco urbano por todos los frentes. Aunque ha reconocido la intervención de bomberos de Salamanca, la UME y voluntarios municipales, ha confirmado que el fuego llegó hasta la zona poblada y que “no existe un metro sin quemar” en el entorno.

Otros vecinos de Casillas y Sotillo de la Adrada han optado por permanecer en sus casas pese a las órdenes de evacuación, argumentando desconfianza hacia las autoridades y temor a que, una vez desalojados, se deje arder todo sin vigilancia. Testimonios grabados en el lugar muestran a residentes enfrentándose a efectivos que, según afirman, se retiran o esperan en posiciones alejadas del frente de fuego.

El Gobierno ha respondido situando el origen de los incendios en la emergencia climática y en la despoblación del medio rural. Sánchez ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación “contra los bulos” y ha rechazado teorías que vinculan los fuegos a intereses económicos o a energías renovables.

Portavoces socialistas, como Sara Santaolaya, han acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a sectores que niegan el cambio climático de negar la evidencia científica, y han defendido que la prevención debe centrarse en políticas estructurales más que en la sola actuación de los bomberos. Desde el Ejecutivo se insiste en que los grandes incendios se combaten con planificación en invierno y con la lucha contra el abandono de los montes.

Los críticos, sin embargo, sostienen que las restricciones a la gestión tradicional del monte —prohibiciones de desbroce, pastoreo o cortas— han convertido los bosques en polvorines, y que los contratos temporales de los bomberos forestales (que en muchos casos finalizan en octubre) dejan las plantillas incompletas durante gran parte del año.

Denuncian, además, que mientras se habla de cambio climático en los platós, los recursos de extinción llegan tarde o con limitaciones operativas. Algunos vecinos y analistas han señalado la existencia de proyectos eólicos y solares en zonas afectadas por los incendios de 2023, aunque el Gobierno descarta cualquier relación causal y atribuye esas informaciones a desinformación.

La situación pone de manifiesto una fractura profunda entre la narrativa oficial y la percepción de quienes viven en las zonas afectadas. Mientras Moncloa mantiene el discurso de la emergencia climática y pide confianza en las fuentes institucionales, los vecinos exigen presencia real de medios de extinción, prevención continua y transparencia sobre las decisiones de no actuar hasta que el fuego llegue a las casas. La gestión de estos incendios volverá a ocupar el centro del debate político cuando se evalúen los daños definitivos y las posibles responsabilidades administrativas.