Varapalo judicial a Zapatero: el juez Calama rechaza anular la investigación de Plus Ultra y cita a sus directivos
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, también conocido como caso Zapatero. En un auto dictado recientemente, el instructor inadmite la pretensión de anular toda la investigación y las pruebas obtenidas, al considerar que el escrito se formuló fuera de plazo. Al mismo tiempo, el juez ha acordado citar como investigados al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roseli, para los días 7 y 8 de septiembre, respectivamente. La decisión supone un importante revés para la estrategia procesal del expresidente y permite que la instrucción continúe su curso en la Audiencia Nacional.
La defensa de Zapatero había presentado el 25 de junio un escrito en el que solicitaba la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Argumentaba que el juez competente debía ser el del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y no el de la Audiencia Nacional, y pedía la exclusión de todas las evidencias recabadas por la Fiscalía Anticorrupción, así como la nulidad de las entradas y registros autorizados. El juez Calama, sin embargo, considera que las resoluciones que autorizaban esas diligencias —entre ellas el auto de 18 de mayo que permitía la entrada y registro en la oficina del promotor y el de 12 de junio que acordaba la formación de una pieza separada— fueron notificadas en tiempo y forma, por lo que cualquier eventual lesión de derechos debió combatirse mediante los recursos ordinarios previstos en la ley, y no a través de un incidente de nulidad formulado con posterioridad.
El magistrado subraya que el plazo de veinte días para promover el incidente es perentorio y no admite ampliación ni interpretaciones extensivas. Ese plazo comienza a computarse desde el momento en que la parte afectada pudo conocer de manera suficiente el contenido de la actuación que denuncia. En este caso, según el auto, Zapatero tuvo oportunidad real de recurrir las resoluciones instructoras antes de que adquirieran firmeza, y al no haberlo hecho en el tiempo legalmente establecido, el incidente resulta extemporáneo. La consecuencia es la inadmisión automática, sin que el órgano judicial pueda entrar a examinar el fondo de las alegaciones sobre vulneración de derechos fundamentales. El juez insiste en que el incidente de nulidad no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras ya notificadas y susceptibles de recurso ordinario.
Paralelamente, Calama ha dictado una providencia en la que acuerda recibir declaración como investigados a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, el próximo 7 de septiembre a las nueve de la mañana, y a Roberto Roseli, consejero delegado de la compañía, el día siguiente a la misma hora. Ambos deberán comparecer asistidos de sus letrados en la sala polivalente de la sede judicial. La citación marca la reanudación formal de las declaraciones en una investigación que se originó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que, tras la correspondiente inhibición aceptada por la Audiencia Nacional, permanece bajo la dirección del juez Calama. La Fiscalía y el resto de partes han sido formalmente notificadas.
La resolución cierra, al menos por el momento, la vía procesal que la defensa de Zapatero había elegido para intentar invalidar el conjunto de las diligencias. En lugar de confrontar las pruebas en el fondo del asunto, la estrategia se centró en cuestionar la competencia y la validez formal de la instrucción. El portazo del juez Calama deja la investigación intacta y sitúa el foco en las próximas declaraciones de los máximos responsables de Plus Ultra. Queda por ver si la defensa del expresidente optará ahora por recurrir esta inadmisión ante instancias superiores o si, por el contrario, concentrará sus esfuerzos en la fase de instrucción que se reanudará en septiembre. Lo que sí resulta evidente es que el caso Plus Ultra mantiene su vitalidad procesal y que el calendario judicial de los próximos meses seguirá marcado por esta causa.
