Carlos Cuerpo replica con dureza a las acusaciones del PP en el Congreso: corrupción, economía y el pulso por la responsabilidad política

 La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados vivió este miércoles uno de sus momentos más tensos de la legislatura. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tuvo que responder a las duras críticas del Partido Popular, representado por los diputados Esther Muñoz y Juan Bravo, que le acusaron directamente de encubrir corrupción tras la sentencia firme del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos. Los populares vincularon el fallo —24 años de prisión por nueve delitos— a una supuesta sustracción de fondos durante la peor fase de la pandemia. Cuerpo defendió la actuación del Ejecutivo, reivindicó logros económicos y acusó a la oposición de basarse en descalificaciones sin alternativas concretas. El debate, que se extendió más de cinco horas, reflejó la profunda polarización que domina la vida parlamentaria española.

Esther Muñoz abrió el fuego con una intervención contundente. “Siete magistrados del Tribunal Supremo han acreditado que el Gobierno robó durante la peor de la pandemia”, afirmó, exigiendo responsabilidades políticas inmediatas. Recordó que el Ejecutivo había negado durante años cualquier irregularidad, y criticó la actitud de Pedro Sánchez, quien el mismo día de conocerse la sentencia grabó un TikTok banal sobre beber agua y ponerse crema. “¿A usted esto le parece serio? ¿Le parece responsable?”, preguntó dirigiéndose a Cuerpo. Muñoz recordó que Sánchez había impulsado a Ábalos en primarias, moción de censura y un ministerio clave, y exigió que alguien asumiera “toda esta corrupción”. Los aplausos de su grupo cerraron una intervención que buscaba poner al Ejecutivo contra las cuerdas.

Juan Bravo profundizó en el terreno económico. Acusó al Gobierno de vivir de “propaganda, excusas y corrupción” y enumeró datos europeos desfavorables: uno de cada tres niños en riesgo de pobreza, una de cada cuatro familias sin poder calentar su casa, presión fiscal sobre rentas del trabajo y fracaso en políticas de vivienda. Criticó promesas incumplidas —184.000 viviendas, desalojo de okupas, protección a autónomos— y el aumento de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que interpreta como mayor dependencia. “Suspenso en gestión, suspenso en indecencia”, resumió, concluyendo con un llamamiento a convocar elecciones porque “los españoles no aguantan más”.

Carlos Cuerpo respondió con serenidad pero firmeza. Reconoció la necesidad de perseguir responsabilidades en todos los ámbitos —económicas, políticas y judiciales— y anunció que el Gobierno impulsará medidas legislativas para cerrar espacios de impunidad. “Hay una mayoría en este Congreso que está por avanzar en erradicar cualquier tipo de corrupción”, insistió. Acusó al PP de repetir un patrón previsible: descalificaciones constantes (una cada 20-25 segundos según un supuesto análisis), preguntas retóricas y nula aportación constructiva. Enumeró cuatro verdades: la buena gestión del Ejecutivo en modernización, soberanía energética y derechos; el camino aún pendiente en vivienda y salarios; la existencia de una hoja de ruta clara; y la falta de debate real por parte de la oposición. Defendió los compromisos internacionales (Gaza, Ucrania, OTAN), con las comunidades autónomas (quita de deuda, más recursos) y con ciudadanos y empresas.

En respuesta a Josep Maria Cuscó de Junts per Catalunya, Cuerpo destacó la fortaleza del tejido productivo catalán: crecimiento del 2,9% interanual (por encima de la media española), récord de exportaciones, inversión extranjera directa disparada un 150% y proyectos en automóvil y polo químico de Tarragona con alto empleo indefinido. Sobre autónomos, defendió el aumento de su número y calidad de ingresos, y se mostró abierto a simplificaciones, aunque rechazó bloqueos sin debate. Bravo ironizó sobre los “papelitos” de datos macro del ministro; Cuerpo replicó destacando la atracción de inversión extranjera que posiciona a España como segundo país mundial en nuevos proyectos, generando empleo de calidad y confianza pese al contexto global complejo.

El intercambio reflejó estrategias opuestas. El PP busca capitalizar judicialmente el caso Ábalos para desgastar al Gobierno y forzar un cambio político. El Ejecutivo, por su parte, desvía el foco hacia indicadores macroeconómicos positivos, inversión y estabilidad, presentando la corrupción como un problema a combatir con reformas y no como un rasgo definitorio. La sesión deja claro que la sentencia del Supremo no cierra el capítulo, sino que lo reabre en el terreno político. Mientras el PP exige ejemplaridad inmediata y elecciones, el Gobierno apela a la mayoría parlamentaria y a los resultados económicos para legitimar su continuidad.

Este pulso parlamentario trasciende lo meramente procedimental. En un año marcado por tensiones judiciales, económicas y territoriales, el debate sobre corrupción condiciona la agenda y la percepción ciudadana. ¿Logrará el Ejecutivo aprobar reformas creíbles que restituyan confianza o prevalecerá la narrativa de impunidad que alimenta la oposición? Los indicadores de los próximos meses —crecimiento, empleo, inversión y evolución de los casos judiciales— y las encuestas determinarán quién sale reforzado de este enfrentamiento. Por el momento, el Congreso sigue siendo el principal escenario de una confrontación que divide a la sociedad española.