La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de Derecho, asestando un nuevo golpe al Gobierno de Pedro Sánchez. En el documento, Bruselas concluye que la percepción de la corrupción en España ha empeorado de forma significativa durante los últimos cinco años, coincidiendo con el mandato del presidente socialista. Un aviso procedente del corazón de las instituciones europeas que ha vuelto a situar a España bajo el foco.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España obtiene únicamente 55 puntos sobre 100, situándose en el puesto 17 de la Unión Europea y en el 49.º del mundo. Más llamativo aún es el dato sobre la percepción ciudadana: el 92 % de los españoles considera que la corrupción está muy extendida, muy por encima de la media europea, situada en el 70 %. Además, más de la mitad de los encuestados afirma sentirse personalmente afectada por este problema en su vida cotidiana.
El informe no se limita a la corrupción. La Comisión Europea también expresa su preocupación por los ataques del Gobierno español contra jueces y tribunales, especialmente tras resoluciones judiciales desfavorables en casos relacionados con Begoña Gómez y David Sánchez. Bruselas advierte de que estas declaraciones públicas pueden socavar la confianza en la Justicia y comprometer el principio de independencia del poder judicial. Asimismo, recuerda la dimisión del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras la investigación por presuntas filtraciones de información reservada y señala que continúan existiendo problemas en el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, considerado excesivamente expuesto a la influencia política.
Este nuevo toque de atención europeo llega en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez, que afronta una creciente presión política mientras insiste en impulsar nuevas reformas. Desde La Moncloa se ha tratado de restar importancia al informe, atribuyendo parte de la controversia a supuestas campañas de desgaste y a conflictos con el poder judicial. Sin embargo, el documento de la Comisión Europea deja constancia de una preocupación por el deterioro institucional en España.
El informe reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción, garantizar la independencia judicial y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Queda por ver si el Gobierno de Pedro Sánchez logrará revertir esta situación o si Bruselas continuará señalando con mayor firmeza las deficiencias detectadas en el Estado de Derecho en España.
