El partido Vox ha presentado una solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la denominación “Democracia. Cuando te vistes te posicionas”, la misma que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó en su polémica campaña institucional con motivo del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco. La iniciativa, lanzada como una colección de moda reivindicativa de la democracia, se ve ahora envuelta en una nueva controversia administrativa después de que el Ejecutivo no hubiera registrado previamente la marca. La solicitud de Vox, presentada el pasado 9 de julio, se encuentra actualmente en fase de tramitación.

La campaña, que incluyó prendas de ropa promocionadas por influencers como Marina Rivers, generó críticas desde su lanzamiento por su elevado coste —alrededor de medio millón de euros— dentro de una partida presupuestaria más amplia destinada a conmemorar la Transición. El Gobierno defendió la iniciativa como un ejercicio de pedagogía democrática, pero la oposición la calificó de propaganda partidista financiada con fondos públicos. Ahora, el movimiento de Vox plantea un escenario incómodo: si el partido logra el registro, el Ejecutivo podría enfrentar limitaciones para continuar utilizando comercialmente la marca, con el riesgo añadido de posibles acciones legales por infracción.

Desde Moncloa se ha restado importancia al asunto, asegurando que se trata de una cuestión formal sin impacto real en la difusión de la campaña, que ya ha cumplido su objetivo principal. Sin embargo, fuentes de la oposición han destacado la “negligencia” administrativa, argumentando que refleja una gestión deficiente de recursos públicos. Vox, por su parte, ha presentado el registro como un “jaque mate” que evidencia la improvisación del sanchismo y su supuesta utilización de instituciones para fines propagandísticos. La OEPM deberá resolver en los próximos meses si concede o no la protección solicitada, teniendo en cuenta posibles oposiciones.

El episodio reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en campañas institucionales de marcado carácter político. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de conmemorar los avances democráticos, sus detractores ven en estas iniciativas un intento de reescribir la historia reciente con fines electorales. La polémica llega en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y la oposición, donde cualquier error administrativo se convierte en munición partidista.

Más allá del caso concreto, el incidente pone de manifiesto las complejidades legales y políticas que rodean las estrategias de comunicación gubernamental. ¿Deberían las marcas institucionales estar siempre protegidas con antelación? La resolución del expediente en la OEPM determinará si esta batalla por “Democracia” se salda con un coste adicional para las arcas públicas o queda en mera anécdota jurídica