Cientos de empleados de Correos se concentraron este jueves frente a la sede central de la compañía en una manifestación que combinó indignación y sarcasmo para denunciar la presunta politización y el deterioro del servicio público bajo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Los trabajadores escenificaron con ironía la “fontanería política” mediante una representación teatral en la que entregaban “kits de enchufismo” y sobres simbólicos, criticando la colocación de cargos afines al PSOE en puestos de responsabilidad sin la cualificación adecuada. La protesta coincidió con un informe de la UCO de la Guardia Civil que apunta a irregularidades en contrataciones.

La acción de los empleados puso el foco en casos como el de la exmilitante socialista Leire Díez, cuya incorporación a Correos habría sido impulsada, según los investigadores, por Juan Manuel Serrano, íntimo colaborador de Pedro Sánchez y exjefe de gabinete del presidente. Los agentes de la Benemérita describen este tipo de movimientos no como hechos aislados, sino como parte de una estrategia de colocación de fieles en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y empresas públicas. Serrano asumió la presidencia de Correos poco después de la moción de censura de 2018, convirtiéndose en uno de los primeros nombramientos del nuevo Ejecutivo.

Los manifestantes denunciaron que esta gestión política ha tenido consecuencias económicas graves. Durante el mandato de Serrano, que se prolongó hasta finales de 2023, la compañía acumuló importantes pérdidas que, según las cifras manejadas por los críticos, han alcanzado miles de millones de euros, repercutiendo finalmente en las cuentas públicas y en los contribuyentes. Los trabajadores reclamaron el fin del supuesto uso de Correos como “cortijo” para colocar peones del partido, exigiendo una gestión profesional que priorice la viabilidad del servicio postal y la calidad del empleo.

La protesta refleja el malestar acumulado en una de las mayores empresas públicas españolas, históricamente emblemática, que ha sufrido una profunda transformación en los últimos años marcada por la competencia del sector privado y los desafíos de la digitalización. Desde la oposición se ha interpretado la jornada como un nuevo síntoma del desgaste del Ejecutivo, especialmente tras los sucesivos informes judiciales que cuestionan prácticas de contratación en el ámbito público.

Este episodio añade presión sobre el Gobierno en un momento de escrutinio intensivo sobre la gestión de las empresas públicas. Mientras los trabajadores exigen profesionalidad y transparencia, la investigación de la UCO continúa su curso. ¿Conseguirá Correos recuperar su prestigio y eficiencia o persistirán las tensiones entre lo político y lo operativo? La respuesta dependerá de las reformas que se adopten en los próximos meses y de la capacidad del Ejecutivo para responder a las demandas de una plantilla que se siente ninguneada