La Policía Nacional ha detenido en Salamanca al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por no cumplir una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El cómico fue condenado a indemnizar con 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por vulnerar su derecho al honor y, además, a leer públicamente la resolución en su programa y redes sociales. Aunque pagó la cantidad económica, ignoró la segunda obligación.

La detención se produjo tras meses de requerimientos judiciales desatendidos. Quequé pasó la noche en calabozos antes de su puesta a disposición judicial. La noticia ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde la periodista Sara Santaolalla ha denunciado una supuesta “cacería” y fallos en la notificación. Sus comentarios han recibido numerosas críticas por considerar que nadie es detenido por un chiste, sino por desobedecer a un juez.

Este caso se suma a otras causas abiertas contra el colaborador de la SER, entre ellas una petición fiscal de dos años de prisión por presunto acoso y coacciones.

El episodio pone de relieve el debate sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. Mientras algunos sectores lo presentan como persecución, otros recuerdan que las resoluciones no son opcionales en un Estado de derecho. La detención de Quequé ha vuelto a enfrentar posturas políticas en torno a la justicia.