La polémica en torno a Jesús Cintora y su programa Malas Lenguas en Televisión Española se intensifica dos días después de que la periodista Marta Gómez Montero abandonara el plató entre lágrimas denunciando humillaciones sistemáticas. “No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”, afirmó la colaboradora antes de marcharse. Ante las críticas, Cintora y el presidente de RTVE, José Pablo López, emitieron disculpas públicas, pero estas han sido rechazadas por trabajadores y organizaciones como insuficientes y parte de un pacto de impunidad.

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) de RTVE ha exigido la aplicación inmediata del plan de igualdad y el protocolo contra el acoso, recordando que el caso no es aislado. Ya en octubre de 2025 denunciaron prácticas incompatibles con el ente público y advirtieron que la externalización del programa no exime de responsabilidad a la dirección. “Lo ocurrido se financia con dinero de todos los españoles”, subrayaron.

La Asociación Haz de Oír ha liderado la presión social pidiendo la destitución fulminante de Cintora. “Cintora debe ir a la calle”, han reclamado, denunciando más de 100 quejas de trabajadores y el uso de fondos públicos para amparar actitudes tiránicas y de censura contra quienes discrepan. La entidad critica que la televisión pública se convierta en escenario de hostigamiento.

En redes sociales, especialmente en X, miles de usuarios han calificado al presentador de “machista” y “acosador verbal”, exigiendo responsabilidades. La polémica ha puesto en evidencia la hipocresía percibida de sectores que guardan silencio ante casos protagonizados por figuras afines al Gobierno.

El incidente reabre el debate sobre el ambiente laboral en RTVE y la responsabilidad de la corporación pública. Mientras crecen las voces que piden medidas concretas y posibles sanciones, la dirección debe decidir si activa sus protocolos internos con rigor. La respuesta determinará el futuro de Cintora y la credibilidad de la televisión estatal.