La oposición acusa a Sánchez de una maniobra con la ‘ley de nietos’ para sumar votos ante el auge de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta el final del curso político con las encuestas privadas de julio de 2026 situando a la suma de Partido Popular y Vox por encima de los 200 escaños y con una clara mayoría absoluta, mientras el PSOE se sitúa en torno a los 100-110 diputados.

En este contexto, la oposición y analistas críticos han denunciado lo que califican de “maniobra electoral” basada en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como ‘ley de nietos’—, que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1978. Según estas voces, una instrucción firmada en 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, amplió de forma significativa los requisitos, lo que podría incorporar cientos de miles de nuevos electores al censo de residentes ausentes (CERA). Sánchez, por su parte, ha restado importancia a los sondeos adversos y ha justificado no adelantar las elecciones generales afirmando que no puede hacerlo por “interés partidista”, sino por el interés general.

Las últimas estimaciones publicadas por firmas como Hamalgama Métrica para Vozpópuli, NC Report para La Razón y SocioMétrica para El Español coinciden en un escenario desfavorable para el Ejecutivo. El PP se sitúa entre 141 y 147 escaños, Vox entre 54 y 63, y la suma supera holgadamente los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE oscila entre 89 y 108 diputados, lejos de poder formar gobierno incluso con el apoyo de las fuerzas a su izquierda, que aparecen muy debilitadas.

Estos datos contrastan con el discurso del presidente, quien en mayo de 2026, en una comparecencia desde el Vaticano, ironizó con que algunos compañeros de partido le pedían adelantar los comicios “porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria”. Añadió entonces que agradecía el gesto, pero que “no puedo convocar elecciones por interés partidista” y que debía hacerlo por el “interés general de los ciudadanos”. La frase ha sido recuperada estos días como muestra de un optimismo que las encuestas no respaldan.

La polémica se centra en la aplicación práctica de la ‘ley de nietos’. La disposición de la Ley de Memoria Democrática permite a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio optar a ella. Sin embargo, la instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente estableció que se presumiría la condición de exiliado para todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y amplió la interpretación de forma que, según críticos y una mayoría de la Junta Electoral Central, abrió la puerta a bisnietos y a descendientes de emigrantes económicos, no solo políticos.

Fuentes de la oposición y asociaciones han cifrado el potencial en más de un millón de nuevas nacionalizaciones, aunque el Gobierno y el propio Óscar Puente rebajan las cifras: aseguran que en cuatro años se han concedido en torno a 500.000 nacionalidades, de las que unas 316.000 están inscritas, y recuerdan que la participación del voto CERA apenas supera el 8 %. Puente ha calificado de “ciencia ficción” las acusaciones de manipulación electoral y ha preguntado retóricamente si todos esos nuevos electores votarían al PSOE.

El debate se produce en un momento de fuerte desgaste del Ejecutivo por los casos de corrupción que afectan a su entorno y por la fragmentación de la izquierda. Mientras el CIS de José Félix Tezanos mantiene una imagen más favorable al PSOE, las encuestas privadas dibujan un escenario en el que PP y Vox podrían gobernar con holgura. La oposición considera que la ampliación de la nacionalidad mediante instrucción administrativa, sin el respaldo expreso del Congreso en los términos finalmente aplicados, constituye un intento de alterar el censo electoral de cara a 2027.

El Gobierno replica que se trata de una medida reparadora histórica, que los tribunales no han anulado la instrucción y que el bajo índice de participación del voto exterior hace inviable cualquier impacto determinante.

Queda por ver si la acumulación de nacionalizaciones se traduce en un volumen de votos significativo o si, como sostiene el Ejecutivo, el efecto será marginal. Mientras tanto, el presidente insiste en agotar la legislatura y las encuestas continúan midiendo la distancia entre el discurso oficial y la percepción que reflejan los sondeos privados.